Agrotóxicos en Rafaela: vecinos afectados y un debate abierto

FOTO: ROSARIOPLUS.COM

Mientras el debate sobre las fumigaciones agrícolas con productos tóxicos cobra relevancia en nuestro país, en Rafaela, en los últimos cinco años, hubo casos de personas afectadas en su salud y denuncias por la utilización de agroquímicos fuera de los límites establecidos por la ordenanza municipal vigente. A esto se suma la falta de registro y seguimiento de la problemática por parte de los organismos de salud oficiales.

Verónica Miño y Maximiliano Mansilla son dos de los nombres que indican que en Rafaela las fumigaciones también son un problema. Verónica, vecina del barrio 2 de Abril, denuncia que cada vez que aplican agrotóxicos a la vera de las vías del tren, en violación a la ordenanza vigente, su hija de 4 años sufre síntomas agudos de alergia que duran días. Maximiliano, en tanto, no vive cerca del campo ni de las vías del tren, pero trabaja en los silos. Y sobrevivió de milagro a una intoxicación con pastillas de veneno que se usan habitualmente en los acopios.

Pese a que sobran sospechas en los centros de salud periféricos sobre el impacto de las fumigaciones en la población, no hay decisión política de llevar un registro ni seguimiento de casos.

En este contexto, las organizaciones ambientalistas locales exigen normas que restrinjan aún más la aplicación de agroquímicos en el área periurbana de la ciudad (hoy se pueden aplicar a partir de los 200 metros contados desde el límite del ejido urbano), mientras que representantes del sector agropecuario afirman que no es necesario alejar las fumigaciones si se respetan las buenas prácticas agrícolas.

ÁREA FUMIGADA

En Argentina, el 99 por ciento de la soja que se cultiva es transgénica, resistente al herbicida glifosato. Y en Rafaela, así como en el país, es el cultivo que mayor superficie ocupa: 2596 hectáreas en 2015, según datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. La soja recibe, en promedio, tres aplicaciones de agroquímicos por año. Pero no es el único cultivo que se fumiga; otros, como el trigo, el maíz y la alfalfa también son tratados con productos químicos. 

Entre los plaguicidas utilizados en la ciudad se encuentran los herbicidas glifosato y Paraquat y el fungicida Stinger, según figura en recetas agronómicas presentadas por productores agropecuarios locales ante la Dirección de Medio Ambiente municipal.  

En 2015, el glifosato fue reclasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable cancerígeno. Así, aunque este químico todavía se comercialice como un producto de banda verde (es decir, que normalmente no presenta peligro), ya suma una evidencia más en contra de su presunta inocuidad. Este herbicida, además, fue prohibido en Rosario y Paraná, y está a punto de prohibirse en países europeos como Italia, Francia y Bélgica. El Paraquat, clasificado como banda amarilla (es decir, moderadamente peligroso según la OMS) está vedado en toda la Unión Europea. 

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VECINOS AFECTADOS

El Barrio 2 de abril, ubicado en el extremo sureste de la ciudad de Rafaela, es uno de los sectores afectados por las fumigaciones. Allí, vecinos que viven sobre calle Francisco Ramírez, a pocos metros de los campos y de las vías del ferrocarril, afirman que se fumiga tres o cuatro veces al año. El problema más grave para ellos se presenta cuando esas fumigaciones se realizan a los lados de las vías del Nuevo Central Argentino, a 40 pasos (contados) de las viviendas, sin respetar el área de resguardo de 200 metros que establecen la ordenanza N° 3600 y el decreto reglamentario N° 22507 de la Municipalidad de Rafaela.

Tal es el caso de Verónica Miño, que cuenta que cada vez que fumigan las vías, los síntomas de alergia de su hija de 4 años se agravan durante días. La mujer dijo que desconoce dónde y cómo realizar la denuncia, pero contó que habló de la situación con la médica Belén Méndez, del Centro de Salud N° 10.

Ante la consulta de Bajo el Tapete, la doctora Méndez confirmó que “Miño y su familia son los que más consultan y refieren al hecho de las fumigaciones”. Y señaló que algunos de los síntomas que suele presentar la niña son broncoespasmos y enrojecimiento en la piel.

Los niños son uno de los segmentos poblacionales más vulnerables a los impactos negativos de los agrotóxicos sobre la salud. Una investigación desarrollada por el Grupo de Investigación Genética y Mutagénesis Ambiental (GeMA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto y publicada en 2015, estudió a 50 niños de Marcos Juárez y otros 25 de Río Cuarto. El resultado evidenció mayor daño genético en aquellos que viven más expuestos a los plaguicidas y, además, arrojó que el 40% de ese segmento sufre alguna afección persistente que se podría relacionar con la exposición crónica a esos productos, como ser estornudos a repetición, dificultad respiratoria, tos o broncoespasmos, enrojecimiento de la piel y ardor en ojos y oídos.

Por su parte, Santiago Quinteros y Antonio Studer, vecinos que viven a pocos metros de la casa de Verónica, afirman que después de las fumigaciones queda un fuerte olor. También indicaron que, hace cuatro años, los problemas eran más frecuentes y a muchos niños se les secaba la boca y se les brotaba la piel.

EN LOS SILOS, VENENO SILENCIOSO

La historia de Maximiliano Mansilla es diferente. No vive en ninguno de los barrios cercanos a la zona rural, pero de sus 34 años, lleva 17 trabajando en el agro. Actualmente es empleado en la empresa Copras SRL, acopiadora de cereales y fabricante de alimento balanceado, ubicada en el parque industrial de Rafaela. En marzo de 2017 sufrió un accidente que lo dejó al borde de la muerte: mientras inspeccionaba un silo, inhaló el polvo que emanó de una pastilla a la que llama “potosí” y, cuando abrió los ojos, cuenta, estaba en una sala de terapia intensiva, totalmente aislado, con tubos dentro de su boca y con sueros inyectados en las manos y en los pies.

El químico al cual hace referencia Maximiliano, conocido como “potosí” entre los trabajadores como él, es el fosfuro de aluminio, y una de sus marcas comerciales más conocidas es Phostoxin (de ahí la deformación a “potosí”). Este es un plaguicida fumigante, es decir, que al entrar en contacto con el aire actúa en forma de polvo o vapor liberando fosfina, un gas altamente tóxico y que entra rápidamente al organismo por inhalación o absorción dérmica. Normalmente se lo utiliza en el acopio de granos y cereales para eliminar gorgojos, ácaros o roedores.

Paola Capponi es médica del Sanatorio Nosti y fue la encargada de tratar a Maximiliano cuando ingresó a terapia intensiva con un cuadro de intoxicación aguda. “Lo tuvimos acá en la cama 11. Él, después de que inhaló todo el polvo, estaba en un estado de delirio, no normal, que le duró un rato, como una hora, hasta que se estabilizó la presión y la frecuencia cardíaca”, explicó. “En terapia estuvo un día y medio, y después pasó a sala normal, donde estuvo un par de días más, pero yo ahí ya perdí el contacto con él”.

Tras una publicación preliminar de este informe, uno de los responsables de Copras SRL manifestó su desacuerdo y manifestó ser consultado al respecto. A raíz de ello, se intentó en reiteradas oportunidades entrevistarlo e incluir su testimonio, pero no hubo respuesta.

Lo que le pasó a Mansilla no es un caso aislado. No hace falta ir muy lejos para encontrar historias similares: solamente en 2010, dentro de las playas de descarga del Complejo Portuario San Lorenzo, en la localidad de Puerto General San Martín, se registraron al menos tres muertes de camioneros por intoxicación con fosfuro de aluminio aplicado a las cargas que transportaban.

Víctor Hugo Gaite, transportista de Correa (Santa Fe), tenía 59 años cuando murió el 11 de mayo de 2010 en la playa de Nidera; Iván Podevils, oriundo de Clucellas, falleció 19 días más tarde, con apenas 28 años, mientras esperaba dentro de su camión en la playa de la firma San Miguel. La misma suerte corrió Raúl Tentella (57), quien murió el 15 de junio de ese año.

Recientemente, en junio de 2016, mediante la sanción de la Ley Nacional N° 27262, se prohibió en todo el país la utilización de plaguicidas fumigantes en granos, cereales y oleaginosas durante su carga y tránsito hasta el lugar de destino. La reglamentación, sin embargo, no restringe su aplicación en el almacenamiento de esos productos, motivo por el cual se los sigue utilizando en las plantas de acopio.

ESCUELAS FUMIGADAS, TAMBIÉN ACÁ 

La escuela rural N° 905 “Domingo Faustino Sarmiento” se encuentra a 900 metros al norte del camino de frontera entre Rafaela y Lehmann, por lo que ya pasa a formar parte de la comuna vecina. Allí, la ordenanza N° 0859/2011  indica que el límite agronómico está fijado en 250 metros, lo que quiere decir que los agroquímicos sólo pueden utilizarse más allá de esa distancia y de acuerdo a las condiciones impuestas por la reglamentación, la cual también contempla a los establecimientos escolares en zonas rurales. Pero no se cumple.

Mónica Álvarez, docente de la institución, contó que vivió varios inconvenientes junto a sus alumnos por la acción irresponsable de los productores vecinos. En uno de los campos contiguos, y en otro ubicado al frente, apenas cruzando una angosta calle de tierra, las fumigaciones se realizan sin respetar la ordenanza local y las máquinas trabajan mientras niños y docentes están en clase.

El de las escuelas fumigadas es otro de los problemas recurrentes en diferentes pueblos de Santa Fe. En septiembre de 2017, la multisectorial Paren de Fumigarnos denunció la contaminación con agrotóxicos en al menos tres escuelas rurales de la provincia: una en el distrito de Colonia Durán, otra en Arroyo Leyes y una más en Laguna Paiva.

En Entre Ríos, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión a los tres imputados por fumigar en cercanías de la escuela rural “República Argentina” de Colonia Santa Anita, en horario de clases. La causa, elevada a juicio en abril de 2017, se había iniciado con las denuncias de la docente Mariela Leiva, quien junto con sus alumnos había necesitado atención médica luego de una fumigación ocurrida en diciembre de 2014. 

ANTE LA DUDA, MÁS DUDAS

En Rafaela, hoy, ni el Estado provincial ni local hacen un relevamiento o seguimiento sobre posibles intoxicaciones con agroquímicos, a pesar de que existen poblaciones expuestas, pacientes que presentan síntomas, y médicos y enfermeros que tuvieron la inquietud en diferentes momentos. Tampoco las organizaciones ambientalistas locales han salido a observar qué es lo que pasa con los vecinos en los sectores de la ciudad más expuestos a los plaguicidas. 

Siete profesionales de la salud, en su mayoría del sector público y que trabajan en zonas periféricas, coincidieron en un mismo punto: los agroquímicos no son inocuos, son nocivos; sin embargo, no tienen lugar en la agenda de la salud pública rafaelina. Consultados por Bajo el Tapete, Rodolfo Enrico, médico infectólogo y ex concejal de Rafaela; Santiago Gaspoz, médico rural y ex director del Hospital Jaime Ferré; Gisel Boidi, médica del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Monseñor Zaspe; Belén Méndez, médica del Centro de Salud del barrio 2 de Abril; Marina Imoberdorf, médica del Centro de Salud del barrio Virgen del Rosario; Susana Navarro, enfermera y ex Coordinadora del CIC del Barrio Monseñor Zaspe y Mariela Talani, coordinadora de la sub región Rafaela del Nodo Salud, reconocieron que, a pesar de la preocupación, no llevan ni llevaron un registro al respecto. Y explican que no es por desinterés, sino porque las principales preocupaciones socio-sanitarias en los barrios periféricos de la ciudad están vinculadas a la prevención de adicciones y enfermedades venéreas femeninas como el cáncer uterino, y a las afecciones respiratorias y de la piel (que coinciden con síntomas de intoxicación con agrotóxicos, pero pueden responder a otros factores). 

Quienes mayor preocupación demostraron al respecto fueron Susana Navarro y Belén Méndez. Navarro es enfermera jubilada y trabajó durante 18 años en el CIC del barrio Monseñor Zaspe, en la zona noroeste de la ciudad. En diálogo con este medio, contó: “Trabajé hasta enero (2017) en el CIC, y lo que vi desde el año '99 eran problemas en la piel de la gente, una malformación congénita de una nena que vivía bien enfrente de donde se fumigaba, y los campos de ahí eran todas plantaciones de soja donde ahora hay todas casas, y nos llamaba la atención”. Sin embargo, reconoció que los casos no se estudiaron en profundidad.

“No teníamos las herramientas para hacer los estudios, y tampoco a nadie de arriba le interesó hacerlo”, continuó Navarro. Y advirtió: “No se olviden que esto es parte de la economía de la región”.

Por su parte, Méndez dijo que está interesada en hacer un relevamiento en el barrio 2 de Abril para detectar posibles intoxicaciones con plaguicidas. Pero explicó que hasta ahora no pudo hacerlo porque no tiene tiempo suficiente; es la única médica del Centro de Salud, y atiende más de 30 consultas en una mañana.

También faltan datos y difusión por parte de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, organismo encargado de controlar las fumigaciones en los campos de Rafaela. Así lo expuso un informe realizado por estudiantes de 4to año de la Licenciatura en Comunicación Social de UCES Rafaela, que indica: “La Dirección de Medioambiente no es promocionada en la página web de la Municipalidad, no figura como parte del organigrama municipal, no tiene tampoco una página propia, como el Instituto para el Desarrollo Sustentable, no lleva adelante acciones de difusión del organismo, y su número telefónico no figura en Internet”.

Este organismo municipal, en el cual las personas deben asentar sus denuncias en caso de detectar alguna irregularidad en las fumigaciones o verse afectadas por ellas, se encuentra en la intersección de calles Ayacucho y Bolívar, en las instalaciones del Club 9 de Julio y su teléfono es 03492-453177.

Bajo el Tapete solicitó vía mail a Google Maps que se incluyera la Dirección de Medio Ambiente como un punto identificado (solicitud que puede hacer cualquier usuario de manera gratuita), por lo que ahora el sitio se encuentra marcado y fácil de buscar y encontrar.

CAMPAMENTOS SANITARIOS

Un esfuerzo de seguimiento y sistematización de estos casos en la provincia de Santa Fe lo lleva adelante la cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que dirige el médico Damián Verzeñassi, responsable del proyecto de Campamentos Sanitarios.

Junto a otros docentes y estudiantes que realizan el Ciclo de Práctica Final de la Carrera de Medicina en la UNR, Verzeñassi conforma un equipo que se instala por una semana en localidades de la provincia de Santa Fe, que tengan menos de 10 mil habitantes y soliciten un relevamiento socio-sanitario (aunque también han sido citados, excepcionalmente, por localidades de Buenos Aires y Entre Ríos).

Con esa tarea, este grupo ha visitado más de 20 localidades, entre ellas, María Juana, ubicada apenas a 68 km de Rafaela, en 2015. Los resultados de ese campamento indicaron que la cantidad de casos de cáncer duplica la media nacional. Además, las fumigaciones fueron identificadas como la principal fuente de contaminación en la comunidad, acaparando casi el 25% del total.

LA POSTURA DEL AGRO: MENOS METROS DE RESGUARDO Y MÁS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Pedro Rostagno es médico veterinario y presidente de la Sociedad Rural de Rafaela. No habla de agroquímicos ni agrotóxicos, sino de productos fitosanitarios. Y considera que el límite de 200 metros establecido para las fumigaciones en Rafaela podría reducirse si se respetan las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

“Creemos que con buenas prácticas, esos 200 metros podrían reducirse”, sostuvo. Y argumentó que para muchas personas las fumigaciones son un problema debido a que están desinformadas. “Hay mucho fanatismo porque está de moda todo lo verde”, dijo. 

Jorge Frana es ingeniero agrónomo de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Rafaela, y está a cargo del proyecto del manejo integrado de plagas de esa institución. En cuanto a la zona de resguardo, coincide con Rostagno en que, si se aplican buenas prácticas, puede incluso reducirse.

“El manejo integrado de plagas persigue el máximo beneficio económico para el productor, con mínimo riesgo para la sociedad y el ambiente”, detalló Frana. “Utilizando esa forma de trabajo, uno reduce significativamente el número de aplicaciones”.

El ingeniero, además de señalar que los agroquímicos impactan negativamente en la salud porque, afirmó, “los plaguicidas están diseñados para matar organismos”, también se pronunció con respecto al debate del límite agronómico en Rafaela: “Todos los profesionales de INTA somos conscientes de que los metros de exclusión no solucionan nada, eso no sirve”, dijo. Y fundamentó su postura indicando que lo esencial en esta discusión es el rigor en los controles oficiales, porque no hay distancia que atenúe los efectos adversos de los productores que aplican tóxicos de manera irresponsable.

AMBIENTALISTAS LOCALES

La Agrupación Nueva Ecología de la Tierra (NET) es una de las organizaciones proteccionistas de Rafaela que, desde hace más de cinco años, sostiene una lucha por la ampliación del límite agronómico en la ciudad. Guillermo Dalmazzo, abogado e integrante de NET, cuenta que, a través de manifestaciones en las sesiones del Concejo Municipal de Rafaela y reuniones con los ediles locales, el grupo viene reclamando la sanción de una nueva ordenanza que amplíe el límite agronómico, profundice los controles en las aplicaciones e impulse una alternativa de producción libre de químicos en todo el cordón periurbano de la ciudad.

AGROECOLOGÍA: UNA ALTERNATIVA PARA REPENSAR LA PRODUCCIÓN

La transición agroecológica es un programa propuesto por el INTA para aquellos productores que decidan mudar de modelo y empezar a reducir gradualmente las fumigaciones con agroquímicos sobre sus cultivos. María Rosa Scala, ingeniera agrónoma responsable del proyecto, explicó: “La agroecología es un camino posible, que significaría una reducción en la cantidad de aplicaciones. Hay que trabajar para concientizar a los productores, a los profesionales y a los operarios que trabajan en los distintos sistemas”.

Scala señala que estos tóxicos no sólo afectan a las personas que viven en los sectores cercanos a los campos, sino a la población en su conjunto, en la medida en que los alimentos que llegan a la mesa provienen de cultivos fumigados.

Así lo demostró una investigación realizada en el año 2015 por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), encabezada por el doctor Damián Marino, que detectó que el 83% de los cítricos analizados contenían plaguicidas, como el 78% de los morrones y el 70% de las verduras de hoja verde. Agregado a esto, el estudio demostró que el 8% de las muestras analizadas superaban el Límite Máximo Regulatorio (LMR) establecido por el Estado acerca de qué nivel de químicos puede contener un alimento.